El ministerio de Hacienda, por boca de su titular, ha anunciado la intención del gobierno central de armonizar el impuesto para evitar el llamado “dumping fiscal” o brecha fiscal estableciendo un único baremo de tributación para casi todo el país. Y digo casi porque la posible armonización no se aplicará a Navarra y País Vasco que regulan su régimen tributario y no el Estado. Parece que el debate abierto entre los detractores y promotores del mantenimiento del impuesto ha quedado definitivamente aparcado percibiéndose una clara tendencia al endurecimiento de la fiscalidad del impuesto por algunas autonomías. Un buen ejemplo de ello es Cataluña que, en pleno estado de alarma, ha reformado su ley para aumentar significativamente el gravamen del impuesto. Esta tendencia ha sido seguida por sendas reformas operadas en La Rioja y en particular Canarias que recupera timídamente un impuesto que estaba cuasi-eliminado . Incluso el gobierno central ha dado pasos en este sentido con su proyecto de Ley antifraude que establece un nuevo sistema de valoración fiscal de los inmuebles que redundará de manera indirecta en un incremento sensible de la recaudación del impuesto. En esta ley antifraude también se prepara un hachazo a la fiscalidad de los pactos sucesorios. En todo caso habrá que esperar al resultado de la tramitación parlamentaria de la ley.
La idea de armonizar el impuesto no es nueva. El informe Lagares elaborado en 2014 por un comité de expertos dirigidos por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares proponía al gobierno dirigido por Rajoy una reforma del impuesto, estableciendo una tributación mínima en todo el país, a través de una tarifa en tres tramos, aplicable según el grado de parentesco con el causante, pero sin considerar el patrimonio preexistente del beneficiario. El mínimo exento lo estipulaba el Estado central y se eliminaban gran parte de las reducciones, limitando así al máximo la autonomía financiera que tienen conferida las comunidades autónomas. Posteriormente en 2017 otra comisión de expertos propuso un tramo único estableciendo unos máximos y mínimos que iban del 4 al11% en atención al parentesco con el causante sobre un mínimo exento elevado.
La propuesta de armonizar estableciendo tipos mínimos por el Estado Central supondría sustraer las competencias a las comunidades autónomas, ya que todas las comunidades de régimen común tienen capacidad de legislar sobre los tipos marginales de los tributos cedidos El Gobierno central se plantea recuperar la autonomía financiera que confirió hace más de dos décadas a las comunidades autónomas. El debate sobre la constitucionalidad de la medida esta servido.
Por su parte en Galicia el temor a un cambio de fiscalidad del impuesto ha disparado aun más los pactos sucesorios. Sin embargo hay que realizar un llamamiento a la prudencia y no guiarse únicamente por el ahorro fiscal sino que se deben valorar otros aspectos trascendentales como conservar el patrimonio para el caso de necesitarlo, por ejemplo, para realizar un gasto extraordinario derivado de una enfermedad o para hacer frente a cualquier dificultad económica sobrevenida. La vida da muchas vueltas.